Hoy publico un artículo en el Correo de Andalucía

Hoy lunes me han publicado una tribuna en la página cuatro de El Correo de Andalucía en la que hablo de la polémica desatada con el reglamento que faculta el cierre de webs. El titular que al final ha salido 'Protección de la propiedad intelectual' no me parece el adecuado para la reflexión que hago. Había sugerido previamente como genérico ( a ajustar) 'protección de la propiedad intelectual frente a evolución tecnológica'… En fin, son cosas que pasan en el mundo del Periodismo. Bien, en cualquier caso creo que lo interesante está en el texto, claro. Mi artículo arranca así:



Las recientes y reiteradas críticas que el reglamento incluido en la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible han generado, incluyen diferentes perspectivas de análisis. A mí me gustaría en este artículo centrarme en un aspecto concreto que, no obstante, es transversal en esta reacción suscitada. Mi enfoque plantea la propuesta de protección de la propiedad intelectual versus la evolución tecnológica. Como primera aproximación en este sentido, el reglamento difundido ha apostado claramente por perpetuar un sistema de protección de derechos de autor propio de un modelo productivo y de difusión superado por otro alternativo, basado en internet, que crece de forma rápida y exponencial…

 
Aquí puedes ver el artículo completo si te interesa.

Por la Red sostenible

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Consideramos imprescindible la retirada de la disposición final primera de la Ley de Economía Sostenible por los siguientes motivos:

1 -Viola los derechos constitucionales en los que se ha de basar un estado democrático en especial la presunción de inocencia, libertad de expresión, privacidad, inviolabilidad domiciliaria, tutela judicial efectiva, libertad de mercado, protección de consumidoras y consumidores, entre otros.

2 – Genera para la Internet un estado de excepción en el cual la ciudadanía será tratada mediante procedimientos administrativos sumarísimos reservados por la Audiencia Nacional a narcotraficantes y terroristas.

3 – Establece un procedimiento punitivo “a la carta” para casos en los que los tribunales ya han manifestado que no constituían delito, implicando incluso la necesidad de modificar al menos 4 leyes, una de ellas orgánica. Esto conlleva un cambio radical en el sistema jurídico y una fuente de inseguridad para el sector de las TIC (Tecnología de la Información y la Comunicación). Recordamos, en este sentido, que el intercambio de conocimiento y cultura en la red es un motor económico importante para salir de la crisis como se ha demostrado ampliamente.

4 – Los mecanismos preventivos urgentes de los que dispone la ley y la judicatura son para proteger a toda ciudadanía frente a riesgos tan graves como los que afectan a la salud pública. El gobierno pretende utilizar estos mismos mecanismos de protección global para beneficiar intereses particulares frente a la ciudadanía. Además la normativa introducirá el concepto de "lucro indirecto", es decir: a mí me pueden cerrrar el blog porque "promociono" a uno que "promociona" a otro que linka a un tercero que hace negocios presuntamente ilícitos

5 – Recordamos que la propiedad intelectual no es un derecho fundamental contrariamente a las declaraciones del Ministro de Justicia, Francisco Caamaño. Lo que es un derecho fundamental es el derecho a la producción literaria y artística.

6 – De acuerdo con las declaraciones de la Ministra de Cultura, esta disposición se utilizará exclusivamente para cerrar 200 webs que presuntamente están atentando contra los derechos de autor. Entendemos que si éste es el objetivo de la disposición, no es necesaria, ya que con la legislación actual existen procedimientos que permiten actuar contra webs, incluso con medidas cautelares, cuando presuntamente se esté incumpliendo la legalidad. Por lo que no queda sino recelar de las verdaderas intenciones que la motivan ya que lo único que añade a la legislación actual es el hecho de dejar la ciudadanía en una situación de grave indefensión jurídica en el entorno digital.

7 – Finalmente consideramos que la propuesta del gobierno no sólo es un despilfarro de recursos sino que será absolutamente ineficaz en sus presuntos propósitos y deja patente la absoluta incapacidad por parte del ejecutivo de entender los tiempos y motores de la Era Digital.

La disposición es una concesión más a la vieja industria del entretenimiento en detrimento de los derechos fundamentales de la ciudadanía en la era digital.

La ciudadanía no puede permitir de ninguna manera que sigan los intentos de vulnerar derechos fundamentales de las personas, sin la debida tutela judicial efectiva, para proteger derechos de menor rango como la propiedad intelectual. Dicha circunstancia ya fué aclarada con el dictado de inconstitucionalidad de la ley Corcuera (o ley de patada en la puerta). El Manifiesto en defensa de los derechos fundamentales en Internet, respaldado por más de 200 000 personas, ya avanzó la reacción y demandas de la ciudadanía antes la perspectiva inaceptable del gobierno.

Para impulsar un definitivo cambio de rumbo y coordinar una respuesta conjunta, el 9 de enero se ha constituido la "Red SOStenible" una plataforma representativa de todos los sectores sociedad civil afectados. El objetivo es iniciar una ofensiva para garantizar una regulación del entorno digital que permita expresar todo el potencial de la Red y de la creación cultural respetando las libertades fundamentales.

En este sentido, reconocemos como referencia para el desarrollo de la era digital, la Carta para la innovación, la creatividad y el acceso al conocimiento, un documento de síntesis elaborado por más de 100 expertos de 20 países que recoge los principios legales fundamentales que deben inspirar este nuevo horizonte.

En particular, consideramos que en estos momentos es especialmente urgentes la implementación por parte de gobiernos e instituciones competentes, de los siguientes aspectos recogidos en la Carta:

1 – Las/os artistas como todos los trabajadores tienen que poder vivir de su trabajo (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo B. "Estímulo de la creatividad y la innovación", de la Carta);

2 – La sociedad necesita para su desarrollo de una red abierta y libre (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo D "Acceso a las infraestructuras tecnológicas", de la Carta);

3 – El derecho a cita y el derecho a compartir tienen que ser potenciado y no limitado como fundamento de toda posibilidad de información y constitutivo de todo conocimiento (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo A "Derechos en un contexto digital", de la Carta);

4 – La ciudadanía debe poder disfrutar libremente de los derechos exclusivos de los bienes públicos que se pagan con su dinero, con el dinero publico (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo C "Conocimiento común y dominio público", de la Carta);

5 -Consideramos necesaria una reforma en profundidad del sistema de las entidades de gestión y la abolición del canon digital (referencia punto 2 "Demandas legales", párrafo B. "Estímulo de la creatividad y la innovación", de la Carta).

Por todo ello hoy se inicia la campaña INTERNET NO SERA OTRA TELE y se llevarán a cabo diversas acciones ciudadanas durante todo el periodo de la presidencia española de la UE.

Consideramos particularmente importantes en el calendario de la presidencia de turno española el II Congreso de Economía de la Cultura (29 y 30 de marzo en Barcelona), Reunión Informal de ministros de Cultura (30 y 31 de marzo en Barcelona) y la reunión de ministros de Telecomunicaciones (18 a 20 de abril en Granada).

La Red tiene previsto reunirse con representantes nacionales e internacionales de partidos políticos, representantes de la cultura y legaciones diplomáticas.

Firmado Red SOStenible

http://Red-SOStenible.net

La Red Sostenible somos todo. Si quieres adherirte a este texto, cópialo, blogguéalo, difúndelo.

Y Shakespeare dijo a través de Macbeth:”oídlo bien:el mayor enemigo de la sociedad es la seguridad”

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Resulta algo no muy creible como toda frase aislada, y más para mi que no he leído Macbeth de William Shakespeare, afirmar como en el título de este post algo así como que hay que huir de todo lo que suene a seguridad. Y si no que se lo pregunten a empresas como la española Panda, que trabaja en una lógica iniciativa con otras compañías de nuestro país en favor de un plan de protección nacional contra ataques cibernéticos extensible a toda Europa, iniciativa en cuyo planteamiento y desarrollo he sido invitado a participar en alguna ocasión.

Efectivamente, no estoy de acuerdo como principio conceptual básico, que la seguridad sea prescindible por innecesaria en todos los casos. A mi, por ejemplo, me gusta pasear por la calle con tranquilidad sea la hora que sea y, a ser posible, por todos o la mayoría de los sitios. Es normal. Pero como se puede sobrentender, siempre que se habla de seguridad sale a colación la libertad.

Nuestras sociedades democráticas mantienen un equilibrio adecuado (o lo intentan) entre ambos principios. La dificultad o la benevolencia de los tiempos, marcan etapas más cercanas a la apertura y otras más temerosas de los contratiempos que se aferran a la seguridad como solución de todo. Luego existen personas más amantes del riesgo que otras; y otras más proclives a no hacer ningún movimiento que les descuadre el panorama.

Las situaciones exigen siempre decisiones que, dentro de ese juego inestable de libertad y seguridad, hacen que la balanza se incline hacia un lado o hacia otro, según ocasiones. Yo pienso que, en términos sociopolíticos y jurídicos, los gobiernos democráticos nunca deben poner en peligro principios tan fundamentales como la libertad de expresión e información; y además, con los tiempos que corren, deben ser más osados (optar menos por lo seguro) a la hora de posicionarse por un mundo cambiante basado en un modelo que se altera cada segundo debido a una influencia tecnología creciente que hace de los ciudadanos parte mucho más activas de esas mismas realidades. Por este plantemianto esencial, creo que el Gobierno de la Nación ha optado en el caso del reglamento que permite el cierre de las webs por la seguridad entendida en este caso como salvaguarda de unos derechos ( los que defienden algunos artistas y la industria tradicional de la música) frente a la libertad, que se vincula en este caso a la evolución tecnológica.

Comprendo que las decisiones que tienen que contentar a unos defraudando a otros, son muy desagradables para quienes las tienen que tomar, pero también determinan un camino a recorrer u otro. Entiendo con claridad, igualmente, que no existe ninguna decisión perfecta, con lo cual entramos en el terreno de las decisiones menos malas que, por cuestiones de porcentajes, nos animan a optar en un sentido u otro. Y es en esa delgada línea en la que pienso que la determinación adoptada tendría que haberse inclinado por el cambio tecnológico frente al modelo estático de los derechos seguros.

El debate no ha terminado aunque este viernes el Consejo de Ministros haya aprobado el reglamento que pone en la mesa de la Audiencia Nacional la supuesta última palabra para clausurar webs, porque en esta coyuntura en la que nos movemos se entremezclan bastante desconocimiento y pocas certezas. Por eso, habrá que dejar correr el tiempo ( no hay otro remedio, así es la vida) para más adelante comprobar si la senda tomada era la adecuada. En esta suerte de cruce de caminos había que optar y creo que se tenía que haber sido más sensible en favor del binomio libertad/desarrollo tecnológico frente al de seguridad/salvaguarda de derechos de un colectivo, algo que además hubiera justificado algo más plantear el asunto en el ámbito de la Ley de Economía Sostenible.

Manifiesto en “defensa de los derechos fundamentales en internet”

Me hago eco del manifiesto redactado en las últimas horas, y que se está difundiendo a gran velocidad, en defensa de los derechos fundamentales en internet. El mundo está cambiando y hay que darse cuenta.

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

  1. Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.
  2. La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.
  3. La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.
  4. La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.
  5. Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.
  6. Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.
  7. Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.
  8. Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.
  9. Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.
  10. En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.